En Tlaxcala, los campesinos y campesinas que caminan desde hace varios años con el Consejo Nacional Urbano Campesino (CNUC) comenzaron a analizar la recién publicada Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario y empezaron a movilizarse para manifestar su rechazo. Esto en plena pelea con la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) ante el retiro del subsidio al fertilizante y la temporada de lluvias que tiene con preocupación a muchos campesinos pobres.

A las movilizaciones, el gobierno estatal respondió con represión. El pasado 15 de abril, el CNUC, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunció hostigamientos del mal gobierno: “un vehículo que resultó de la policía ministerial se estaciona frente a la casa de la compañera Luz María Rivera, en Tepeyanco. También la han estado siguiendo. Cuando los cuestionamos sobre su presencia, dijeron que seguían órdenes de la procuradora. También han vigilado el local del CNUC”. Los compañeros son parte de la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad que estará pendiente.

En esos días, el CNUC también preparó su participación con La Otra Campaña en Tlaxcala para la marcha nacional por la paz. Desde el 21 de mayo comenzaron a reunirse en foros regionales para analizar los problemas de la agricultura además de empezar a nombrar propuestas para la defensa de las semillas y alternativas para la agricultura, y reforzar el conjunto de demandas y resistencias que de por sí tienen. En los foros comienzan a encontrarse diferentes comunidades, compañeras y compañeros del CNUC y de otras organizaciones. Platican y organizan nuevas acciones de lucha.

“Nuestros pueblos eran productores de semillas: lenteja, haba, trigo, maíz, alberjón”, “¿por qué quieren que registremos nuestras semillas?”, “nos hicieron dependientes, nos sometieron con los apoyos”, “tenemos que recuperar nuestra agricultura ancestral, no hay otro camino”, “si es necesario, seguiremos movilizándonos y realizando nuevas protestas”, fueron algunas de las preocupaciones.

Muchos han comenzado a probar alternativas de fertilización orgánica. Animados con la propuesta y frente a la falta de fertilizante, están aprendiendo a componer abonos orgánicos y lombricompostas. Don Gonzalo, un viejo luchador, recuerda cuando llegaron a las comunidades los ingenieros con el guano y, poco a poco, fueron metiendo todos sus paquetes tecnológicos. También describe cómo actualmente han estado llegando a los ejidos en la zona de Zitlaltepec promoviendo las semillas híbridas.

El CNUC ha mantenido un trabajo autónomo desde 1993 contribuyendo a que Tlaxcala, el estado más pequeño de la República, sea un nudo de rebeldías. A su lado, caminan y se acompañan otras organizaciones y colectivos como la delegación de Tlaxcala de la Asamblea Nacional de Braceros, la Unión Apizaquense Democrática Independiente, el colectivo Red de Mujeres en Pro de sus Derechos o los jóvenes libertarios.

L@s compas del CNUC y de La Otra Tlaxcala tienen claro que el enemigo de la agricultura campesina y las semillas nativas es el mismo que arremete contra las compañeras trabajadoras sexuales, contra los jóvenes y los pequeños comerciantes; es el mismo que busca adueñarse de los escurrimientos de La Malintzin y destruir la Laguna de Acuitlapilco; el que contamina y explota a la gente en los territorios tlaxcaltecas invadidos por las industrias; es el mismo que busca incomunicar y aislar a los pueblos del maíz entre planes carreteros y puertos secos para que Tlaxcala deje de ser cruce de caminos y nudo de rebeldías, y se convierta en una pequeña gran hacienda; en cruce de mercancías.

Intermedio

(Que trata de aportar elementos para mirar calendarios y geografías. Arriba: la guerra por el control de las semillas, de la producción y de la alimentación. Abajo: la defensa de las semillas y del territorio como parte de una misma lucha contra el capitalismo)

I. La agricultura y las semillas en el calendario y la geografía de arriba

Cuando se habla de la actual revolución industrial, poco se piensa en el control de los mapas genéticos de los seres vivos, la creación de organismos genéticamente modificados o la llegada del negocio de los biocombustibles. El capital se expande a nuevas fronteras, busca el control de los territorios en su conjunto.

Como parte de su desarrollo tecnológico el capital diseña mecanismos de despojo mediante acuerdos comerciales como la propiedad intelectual, las patentes o el registro. Ahora los materiales genéticos, germoplasma, bacterias o moléculas pueden ser usados en la producción capitalista excluyendo a poblaciones enteras de sus “beneficios”.

Existen dos sistemas globales de derechos comerciales de propiedad intelectual cobijados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Uno reconoce las “obtenciones vegetales”, protege variedades nuevas, homogéneas y distinguibles. El otro reconoce patentes sobre microorganismos y procesos biotecnológicos. Los materiales patentados sólo se pueden usar pagando una licencia o regalías.

Los acuerdos internacionales, que inicialmente reconocen el aporte de los pueblos por su riqueza biológica y cultural, terminan promoviendo la mercantilización de la vida disfrazándola de “conservación”, “bioseguridad”, “bioprospección”, “reparto justo y equitativo de beneficios”, “mejoramiento de semillas” o “protección de conocimientos tradicionales”.

La sociedad del poder, en sus “negociaciones” internacionales como la Convención sobre Cambio Climático, impone nuevos negocios que presenta como soluciones frente a la crisis ambiental: mercado de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, plantaciones comerciales, transgénicos, biocombustibles, geoingeniería, etcétera. Mientras tanto, se calcula que la agricultura industrial y el sistema alimentario mundial (producción, procesamiento, empaque, refrigeración y transporte de alimentos) emiten entre 44 y 57 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global.

El sistema alimentario mundial, mayor causante de los niveles de CO2 en la atmósfera y de la falta de soberanía alimentaria en los países pobres, también pone en situación de vulnerabilidad a millones de humanos frente a los cambios en los climas que ya afectan la producción de alimentos en grandes regiones del mundo y frente a la especulación financiera en el mercado nacional y mundial de alimentos. La crisis alimentaria se origina no por escasez de productos sino por el incremento de precios debido al control de las transnacionales sobre la producción y distribución de los alimentos.

La guerra de conquista en el campo mexicano

1. La modificación de marcos legales para hacer de la tierra una mercancía. Con la reforma salinista del Artículo 27 y la aprobación de nuevas leyes en materia agraria, forestal y de aguas nacionales, comienza un ciclo de contrarreformas constitucionales como parte de una política más amplia para dar paso a diferentes formas de apropiación capitalista del territorio, a un nuevo proceso de concentración de tierra y a la reorganización productiva en el campo mexicano.

2. La destrucción de economías campesinas, comunitarias y populares, de la soberanía alimentaria; y la apertura comercial para el control del negocio de la alimentación junto con el desplazamiento masivo de poblaciones campesinas forman parte de este proceso. El nuevo marco legal que implicó la reforma al Artículo 27 se completó con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Con este tratado se marcaba una tendencia ya señalada por los compañeros zapatistas y que hoy se expresa con mayor claridad: la crisis del Estado Nación. Al ceder sus derechos y atributos esenciales, el Estado Nación se está abriendo para la destrucción de sus propias bases: la soberanía, el mercado nacional, las medidas arancelarias, los marcos jurídicos nacionales, etcétera.

El TLCAN remató una serie de políticas para desmantelar los sistemas de producción y comercialización de los alimentos y productos básicos. Se acabó una generación de subsidios, así como la organización estatal de la producción y comercialización campesina. La importación generalizada de productos para la alimentación como la de maíz gringo que se ha multiplicado por quince, y la producción nacional considerada rentable en manos de reyezuelos agroindustriales como Maseca, Bachoco, Granjas Caroll, o el rey del ajo, Javier Usabiaga, muestran este proceso de reorganización productiva.

El éxito de estas empresas no sólo se ha basado en los acuerdos comerciales y en los subsidios gubernamentales, sino sobre todo en la precarización del trabajo agrícola. Los campesinos pobres son también jornaleros agrícolas temporales y su sacrificio es doble: por la caída en el precio de sus cosechas y por la disminución de sus salarios. Son millones de familias campesinas las que han sobrevivido con los dólares que los migrantes logran enviar.

3. La fragmentación para la apropiación capitalista del territorio. Nuevas trampas y mecanismos de despojo buscan fragmentar los territorios indígenas, secuestrar pedazos de su integralidad por medio de patentes, certificaciones o estructuras que generan dependencia tecnológica (semillas, agroquímicos, etcétera).

Ahora, acompañados de leyes, concesiones y cuerpos represivos, avanzan los megaproyectos y las agresiones por todos los territorios campesinos indígenas del país: basureros de desechos peligrosos, urbanización salvaje, proyectos carreteros y turísticos, explotación minera, pesca industrial, explotación petrolera, contaminación transgénica, entre otros.

En México, en los últimos 25 años, se han creado o reformado decenas de leyes que impactan en la vida de los pueblos y que están encaminadas a facilitar el despojo de sus territorios. Esta tendencia se agudiza y queda claro que, desde arriba, en la justicia capitalista mexicana, no habrá más espacios ni concesiones para la defensa de derechos colectivos de los pueblos, ni para el respeto a sus territorios.

El momento definitorio se da en abril de 2001 y luego en septiembre de 2002, cuando el conjunto de la clase política (PRI, PAN y PRD) y los tres poderes de la Unión impusieron una ley que traicionaba los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Se estaba cerrando así la posibilidad de llegar a reformas legales por medio de iniciativas sociales ciudadanas y se mandaba un mensaje claro a todos los que luchan por transformaciones: en el terreno de las instituciones todo está cerrado.

La tendencia que los compañeros zapatistas llamaron “la imposible geometría del poder” hoy en día es clara: la clase política en su conjunto, todos los partidos políticos, apoyan en lo fundamental las contrarreformas neoliberales, los marcos legales, los tratados comerciales, los presupuestos federales y estatales votados cada año, tanto para el campo, como para la ciudad, como para la guerra.

Las políticas agroalimentarias del capitalismo mexicano

Los proyectos productivos que llegan a través de programas gubernamentales presentan varios elementos en común: imponen criterios de supuesta rentabilidad en los cultivos, tecnologías que generan dependencia de insumos externos y generan endeudamiento por medio de créditos. Para ejidatarios y comuneros pobres, los dineros, despensas, microproyectos y agroquímicos también llegan de manera individualizada, muchas veces a espaldas de la asamblea.

Los programas de certificación y regularización para la titulación individual de tierras ejidales o comunales fueron el primer paso para garantizar la inversión privada y el saqueo. Hay muchos ejemplos de comunidades que rentan sus terrenos para monocultivos a empresarios (agave, melón, invernaderos, plantaciones, etcétera), y de la devastación que dejan tras explotarla (suelos acabados, enfermedades y pobreza) en lugares que fueron bosques y tierras fértiles.

El Procampo se ha usado como pago por extensiones de siembra de maíz híbrido y como instrumento para la introducción de paquetes tecnológicos.

Los maíces híbridos han debilitado al maíz nativo. Además de sustituir la siembra tradicional por esas semillas que necesitan más agroquímicos, ahora representan también un gran riesgo de contaminación transgénica para los maíces criollos o nativos, pues está comprobado que sus propios almacenes de semillas híbridas están revueltos o contaminados. La entrada de la tecnología industrial ha acabado con la fertilidad de la tierra; ahora los campesinos tienen que pagar fertilizantes, agroquímicos y comprar semillas, para obtener su comida.

Los subsidios han sido estratégicos para cambiar los sistemas agrícolas tradicionales y las relaciones territoriales: con la tierra, en la familia o en la comunidad. Los paquetes tecnológicos contribuyeron a transformar las relaciones campesinas de la agricultura familiar, y a desplazar a una generación entera. Así, por ejemplo, en vez del trabajo familiar o la mano vuelta para deshierbar la milpa, se ocupa gramoxone para sellar el cultivo de maíz híbrido. Tanto la tecnología como el subsidio llegan a limitar la fuerza del trabajo colectivo, familiar y generan mayor dependencia monetaria.

Los proyectos de reconversión de cultivos se relacionan con dejar de producir semillas y alimentos propios. Éstos dan dinero por la reconversión de cultivos anuales a permanentes, maíz o frijol por frutales, por ejemplo, o por hectárea reconvertida para producción de biocombustibles como el piñón o Jatropha.

El Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 del gobierno federal muestra un plan diseñado por “expertos” que pretende realizar un ordenamiento territorial y productivo de todo el país, estableciendo políticas y leyes que afectan la agricultura y los bosques de las comunidades y ejidos. En agricultura tiene metas como reconvertir 125 mil hectáreas de maíz de autoconsumo a bosque, o evitar la agricultura de 3 mil a 2 mil metros sobre el nivel del mar, lo que pondría en riesgo no sólo la autonomía alimentaria de muchos pueblos de montaña, sino también razas y variedades muy especiales de maíz.  Se trata de pagar a las comunidades para que dejen de tener sus milpas y, ante la pérdida de autonomía alimentaria, la expulsión masiva de poblaciones campesinas. Se proyecta también la reconversión de “tierras degradadas” a plantaciones perennes, el desarrollo de cultivos de caña para agrocombustibles, proyectos ecológicos en el padrón de Procampo y regionalizar el país por tipo de cultivo.

En la política ambiental y forestal también existen muchos ejemplos de cómo programas de Pago por Servicios Ambientales, reservas comunitarias voluntarias y, de manera más radical, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) afectan formas tradicionales de cuidado del territorio. El país se va llenando de estas manchas de conservación y de “regiones prioritarias” donde se ensayan nuevos subsidios: para no tocar partes del territorio, para dejar la agricultura de autoconsumo, para cambiar la milpa por cultivos perennes. Se trata de romper culturas de auto-suficiencia a cambio de dinero. Con estos programas, junto con la “actualización” de leyes, se busca limitar y prohibir sistemas agrícolas tradicionales como los acahuales, la tumba, roza y quema, y muchas formas tradicionales de cuidado del monte.

Las semillas como mercancía

Las semillas no son cosas estáticas: su historia es la historia de un proceso de diversificación que ocurrió, fundamentalmente, en las comunidades indígenas del mundo. Como señala Lev Jardón, en un texto publicado en la revista Rebeldía número 71: cuando las comunidades campesinas tienen en sus manos el control de las semillas, controlan tanto un bien de consumo y sus características, como una parte de los medios de producción que determina justamente qué características tendrá ese bien: la comida. Grano para comer y semilla para sembrar son modificados de acuerdo a la manera que elige un pueblo para reproducir su vida. Este proceso da lugar a la creación de valores de uso propios: con el maíz se diversificó la comida, el baile, la música, la propia vida humana.

En cambio, cuando la producción de alimentos es reducida a un medio para la generación de ganancias para unos cuantos, la diversidad cultural, biológica y de valores de uso en general pasa a un segundo plano. Lo que importa es a quién genera ganancia la semilla desde que es sembrada, a qué empresa corresponde la patente, quién controla su distribución y venta. Y luego, a quién le da ganancia la venta de la cosecha, de quién es la tierra, quién se hace rico controlando la exportación e importación de alimentos. No son las toneladas de maíz por hectárea importantes en sí mismas, sino la ganancia que puedan significar cuando se vendan. Y la diversidad y su generación importan solamente en la medida en que las variedades, híbridas o transgénicas, estén aseguradas por patentes y leyes. Importan en la medida en que el trabajo de los científicos se convierta en ganancia para la empresa semillera.

El Convenio sobre Diversidad Biológica y su Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología promueven, por un lado, la conservación y, por el otro, las nuevas tecnologías como las semillas transgénicas y el reconocimiento de las patentes. A fi n de cuentas, la tendencia que se impone en México es la legalización de la contaminación transgénica y del monopolio en la producción de semillas y alimentos.

La FAO alerta sobre el crecimiento de la crisis alimentaria y las hambrunas por venir mientras presenta nuevas directrices de regulación para las semillas, diseñando un machote de ley de semillas que promueve entre los gobiernos del mundo. En México, la nueva Ley Federal de Protección, Certificación y Comercio de Semillas, impuesta en 2007, se entiende mejor si se lee primero el machote de la FAO. Estas instancias internacionales, lejos de propiciar la defensa de derechos, dan herramientas a los Estados y a las empresas para controlar la producción, selección e intercambio tradicional de semillas o la enajenación de saberes locales y de la biodiversidad de los territorios indígenas y campesinos. Cuando estas leyes hablan de “protección” en realidad se refieren a la certeza jurídica y a las garantías de inversión.

En este contexto, preocupan las iniciativas gubernamentales para la certificación, los inventarios y registros de semillas campesinas, ya que abren la puerta a diferentes mecanismos de control y privatización del patrimonio de cada familia, cada pueblo y de toda la humanidad. Preocupan los programas y convenios que tienen que ver con apoyos a la producción de maíz criollo para después hacer inventarios y colectas, tanto los que promueve el gobierno, como los que promueven Monsanto y algunos centros de investigación. Preocupan los escenarios que se abren con las nuevas leyes de fomento y protección del maíz, de Michoacán y Tlaxcala, que promueven la creación y regulación de fondos de semillas, y formas de registro de maíces nativos y de productores.

Mientras eso sucede, el campo mexicano sigue siendo invadido por semillas híbridas; programas de gobierno, como el Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf); paquetes de los ayuntamientos que entregan semillas híbridas a los productores; campañas publicitarias que las propias empresas semilleras y los gobiernos hacen en las regiones campesinas del país, como los Tianguis de Semillas Híbridas que promueve el nuevo gobierno de Tlaxcala, haciendo tareas de agente de ventas.

Cronología de la guerra y la contaminación transgénica

Pasaron ya diez años desde que, en 2001, científicos detectaron en Oaxaca la contaminación de maíces nativos mexicanos con maíces transgénicos de las empresas. El gobierno mantuvo su política económica y agrícola neoliberal y, a pesar de la moratoria a la siembra de maíz transgénico, al país, centro de origen y diversidad, entraron importaciones masivas de maíz transgénico. Éste fue vendido, por ejemplo, en tiendas Diconsa sin ningún aviso a la gente. Entre 2003 y 2005, en varios estados mexicanos, redes independientes detectaron contaminación con genes StarLink, prohibido en EU para el consumo humano, variedades de maíz Bt  variedades de maíz resistente al herbicida glifosato RoundUp Ready; también, muchos agricultores, muchos pueblos detectaron deformaciones de plantas de maíz en milpas campesinas indígenas, que no se habían visto antes en esas proporciones.

En 2005, se aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, “Ley Monsanto”. En 2006, se anuncia el proyecto “Plan Maestro de Maíces Mexicanos”, patrocinado por Monsanto. En 2007, se decreta la nueva ley para el control de semillas que otorga derechos de propiedad intelectual ajenos a las comunidades, como el derecho del obtentor, las certificaciones y el registro de semillas.

En 2009, el gobierno mexicano levanta la moratoria, vigente durante diez años, para permitir legalmente la siembra de maíz transgénico. Ese mismo año de 2009 se detecta, en Chihuahua, contaminación de maíz híbrido con transgénicos.

Entre 2009 y 2011, las empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas Monsanto, Dow AgroScience, Pioneer Hi-Breed International y Syngenta obtienen 67 permisos de siembra experimental de maíz transgénico. El 8 de marzo de 2011, la Sagarpa otorga a Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 603, en Tamaulipas.

En 2011, se publican las Leyes estatales de Tlaxcala y Michoacán. En Tlaxcala, la ley no toca el punto de la siembra de maíz transgénico. Sólo se habla de reglas a elaborar para su almacenamiento, distribución y comercialización. En cambio, sí regula el registro de semillas locales y de productores de origen, algo muy parecido a los objetivos de la ley federal de semillas, aunque no se menciona. Este tipo de leyes vendrán acompañadas de nuevos proyectos para la certificación de semillas y productores.

En abril de 2011, Felipe Calderón anuncia el proyecto MasAgro, algo así como la nueva revolución verde transgénica del gobierno mexicano.

II. La agricultura y las semillas en el calendario y la geografía de abajo

México es centro de origen y diversidad de muchas plantas cultivadas y auspiciadas, se trata de un proceso de domesticación y coevolución extraordinariamente rico, basado en formas de vida y relaciones comunitarias de larga duración. Los maíces nativos y otros productos de las milpas campesinas, como frijoles, calabazas, quelites, chayotes, chiles, son seleccionados, intercambiados, sembrados y cuidados por manos indígenas y campesinas. Esa rica agrobiodiversidad ha garantizado a los pueblos una alimentación sana y diversa.

Año con año, en las milpas mexicanas, respondiendo a diferentes situaciones y contingencias ambientales y climáticas, con tecnologías y conocimientos campesinos que optimizan las limitantes de espacio, propician los equilibrios del suelo, diversifican la producción y, sobre todo, con una agricultura que crea y recrea el sentido de la comunidad, es como los pueblos han garantizado la alimentación y la conservación del germoplasma.

Antes de la introducción de la revolución verde, y de la dependencia de fitomejoradores y empresas semilleras, el sistema alimentario nacional se basaba en el germoplasma y en la experiencia campesina.

Los pueblos indígenas y campesinos, como guardianes de las semillas nativas, mantienen un trabajo fundamental frente a la erosión genética del sistema alimentario mundial, a la agricultura industrial y al control de las empresas. La pérdida directa de la agrobiodiversidad indígena y campesina reduce la seguridad alimentaria mundial.

Son pueblos campesinos indígenas quienes han sabido ocupar de manera respetuosa, diversificar, domesticar, auspiciar y conservar muchas riquezas que viven en sus territorios.

Ahora, frente a las múltiples amenazas, a los cambios vertiginosos y a las políticas agroalimentarias capitalistas, cada pueblo, cada región, cada comunidad enfrenta de diferentes maneras su problemática agrícola.

La resistencia histórica de muchos pueblos indios y campesinos de México tiene raíces que se expresan en la concepción del altepetl, la unidad pueblo territorio, las tierras, montes y aguas que lucharon los abuelos. Ahí se expresa el conocimiento de los pueblos de maíz, herederos de la agricultura comunitaria. Formas de vivir en armonía con el agua, con el monte, con el desierto, con la selva, con el acahual, con la parcela.

Estas formas de vivir en la tierra y de mantener equilibrios y relaciones territoriales respetuosas son las que permiten el sentido de la comunidad y también la resistencia colectiva.

La lucha por la tierra ha sido el hilo conductor de las rebeliones, revueltas y revoluciones de este país. Eso explica que, a contra corriente de las políticas neoliberales, el México indígena y campesino resista, y que más del 50 por ciento del territorio nacional se encuentre bajo régimen de propiedad social y esté en manos de ejidos y comunidades, y que buena parte de los bosques y selvas del país esté bajo la custodia de los pueblos indios y campesinos. La gran diversidad de formas de resistencia que en esos territorios florecen representa uno de los más grandes obstáculos para la guerra de conquista del capital.

Fin del intermedio

Algunos hechos concretos

La Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario, de Tlaxcala, explican compañeros del CNUC, fue aprobada por unanimidad por todos los partidos, por la saliente LIX Legislatura, el 13 de enero de 2011, y, en su momento, apoyada por el saliente gobierno panista de Héctor Ortiz. Fue propuesta y promovida por una ex diputada local perredista, con la participación de organizaciones pioneras en la agricultura orgánica y, finalmente, supervisada por la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa).

El actual gobierno priísta de Mariano González (conocido como “el barón de los toros de lidia”), un gobierno en manos de hacendados ganaderos, fue quien retomó y publicó la ley el 18 de enero de 2011.

Este gobierno nombró al ingeniero agrónomo zootecnista Jaime Jonatan Bretón Galeazzi como secretario de fomento agropecuario. El ingeniero de 26 años, recientemente egresado del Tecnológico de Monterrey, ya se ha desempeñado como representante de mercadeo de la empresa Monsanto, en la zona noreste del país. También ha fungido como gerente general de la empresa Rancho Santa Clara y es socio fundador de la empresa El Colonial.

En manos de estas personas están las políticas agroalimentarias y de semillas en el estado de Tlaxcala. Ahora, con la nueva ley del maíz, también puede quedar en sus manos la regulación de fondos de semillas; los registros de variedades de maíz; los registros de productores de maíz originarios, así como la promoción de patentes, denominaciones de origen y derechos de obtentor sobre maíz; y, finalmente, el control del Consejo Estatal del Maíz aun frente a las presiones de los grupos campesinos y civiles que decidan pelear o negociar en este tipo de estructura sagarpista.

La política agropecuaria y de semillas en el estado está en manos de agentes de ventas de Monsanto. Para dejar esto claro, el gobierno del estado, a través de la Sefoa, puso en marcha el Tianguis de Semillas Híbridas que, presumen, “permitirá acercar a los productores de todo el Estado semilla mejorada”, se trata de promover y dar “apoyos” y “facilidades” a campesinos para la compra de semillas híbridas. “Cada productor será apoyado hasta con cinco sacos, suficientes para sembrar cinco hectáreas. Para ello, los interesados podrán acercarse con los comisariados ejidales, a efecto de que éstos les otorguen un Certificado de Productor, los pequeños productores podrán hacerlo con la autoridad municipal”. La Sefoa asegura que los objetivos del proyecto son “producir y validar semilla mejorada de maíz de alto rendimiento, el cual se adapta a las condiciones del campo tlaxcalteca, a partir de material genético disponible en México […] busca acercarlos [a los productores] con las compañías que expenden las semillas mejoradas y al mejor precio”. Las semillas de maíz promovidas son identificadas como H44, H46 y Cromo. ¿Estegobierno de agentes de ventas es el encargado de proteger al maíz nativo en Tlaxcala?

Las trampas de la nueva ley

Ya se ha señalado: la ley refiere que no se otorgarán autorizaciones para el “almacenamiento, distribución y comercialización de OGM del maíz... salvo que se acredite científicamente que no existe riesgo alguno de contaminación”. Esto en principio no puede comprobarse, pero si la propia Ley Monsanto es motivación constitucional de la ley estatal (de aplicación supletoria), se lee que la forma para evaluar los riesgos es pasando por las fases experimental y piloto, previas a la comercial. Sigue entonces la puerta abierta para lamanipulación de la información y la farsa legal con un supuesto “Régimen de Protección Especial del Maíz” que niega que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz.

El objetivo de la ley, que es autorizar el almacenamiento, distribución y comercialización de OGM del maíz, abre dos autorizaciones posibles: comunitaria o estatal. Pero la autorización “comunitaria” resulta ser una decisión de la autoridad municipal.

Finalmente, la nueva ley promueve la creación de fondos de semillas y su regulación, registros de variedades de maíz, denominación de origen y derechos de obtentor sobre el maíz.

Al capitalismo, lo que más le interesa son las mercancías. Por eso hace mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. También quiere hacer mercancía al corazón de la vida, la alimentación y la agricultura campesina: las semillas nativas. Las formas de certificación y registro de semillas son una manera de caminar hacia la privatización de las semillas para controlar a los pueblos. Por eso es importante identificar, en cada región, las estrategias que se implementan para cambiar las semillas propias por semillas híbridas… y transgénicas.

En esta guerra, los bancos de germoplasma pueden ser centros de biopiratería para robar semillas nativas y conocimientos ancestrales, a favor de los intereses de empresas e investigadores ajenos a los pueblos. Están como espejo los proyectos biopiratas, como el Plan Maestro de Maíces Mexicanos de Monsanto.

La lucha por las semillas es una lucha mucho más amplia

La Junta de Buen Gobierno “Corazón del Arco Iris de la Esperanza”, en el Primer Encuentro de Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, de principios del 2007, explicaba cómo parte del trabajo del buen gobierno es estar pendiente del tema de la tierra y las semillas: “Ahora se están trabajando en colectivo [las tierras], donde sembramos los más fundamentales de nuestros alimentos, que es el maíz y el frijol […] Para nosotros los campesinos la tierra no se vende: la cuidamos y la amamos, porque sabemos que en ella nacimos, que en ella comemos y que en ella vivimos. Si alguien vende la tierra, quiere decir que vendió a su madre […] En nuestras tierras sembramos semillas naturales y orgánicas, no queremos semillas transgénicas que el gobierno quiere meter en nuestros pueblos. Estamos practicando el abono orgánico para recuperar nuestro suelo”.

Los zapatistas hablan de este trabajo como parte de la construcción de su autonomía, como parte de la lucha por la liberación nacional y como parte de la lucha contra el enemigo común que explota, despoja, desprecia y reprime. Muchos pueblos rebeldes de México saben que la defensa del maíz y las se-millas nativas está en la construcción de su autonomía frente al poder, y en las formas de vida campesina, en las milpas, en la comunidad, en la asamblea, en el autogobierno.

En muchas comunidades y regiones se construye, poco a poco, la resistencia de los pueblos frente a la certificación, registro o patente de cualquier tipo de semilla, y frente a la invasión de las semillas híbridas y las transgénicas.

Los pueblos seguirán defendiendo y ejerciendo su derecho al libre intercambio de semillas campesinas. Es necesario detener la criminalización de las formas de vida campesina que se está llevando a cabo a través de leyes capitalistas.

La defensa del maíz pasa por seguir exigiendo la moratoria a las importaciones de maíz transgénico y rechazando cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento y comercialización de transgénicos en cualquier parte del territorio nacional. Para los pueblos campesinos indígenas pasa sobre todo por cultivar, guardar, cuidar e intercambiar libremente las semillas propias de manera autónoma.

Aun así, pensamos que en esta lucha no habrá soluciones parciales. Hacer bancos o congelar semillas en bodegas resultará, en el mejor de los casos, un nuevo negocio. Tampoco será posible detener la contaminación transgénica sobre México si no se entiende a ésta, como han insistido los zapatistas, en el marco más amplio de la guerra de conquista que lleva a cabo el capitalismo.

Revista Rebeldía, Año 9, Número 78, Septiembre del 2011

http://revistarebeldia.org/revistas/numero78/09semillas.pdf

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